Para introducir el tema, aclaremos primero qué significa colonialidad. Esta palabra fue utilizada por primera vez por Aníbal Quijano, sociólogo peruano, quien la definió como aquel dispositivo de poder que opera a nivel global y que, dentro de un mismo horizonte histórico, ha producido jerarquías sociales clasificando a las poblaciones según su grado de adhesión a los estándares eurocéntricos de la modernidad. Esto significa que, aunque el colonialismo puede considerarse un proceso histórico que ha finalizado formalmente, a nivel ideológico y cultural, ha producido cosmovisiones que siguen operando generando desigualdades entre pueblos y personas. De este modo, algunas poblaciones (o subgrupos de ellas) se han definido como atrasadas o menos modernas que otras.
La colonialidad también desempeña un papel en las crisis climáticas. Así se afirmaba en un informe de Greenpeace Reino Unido en el que se especificaba que, debido al racismo sistémico, la población negra es la más afectada por las emergencias medioambientales, además de ser la menos consultada y la que tiene menos poder de decisión.
El término «racismo medioambiental» se introdujo en 1992 durante las manifestaciones del Movimiento por la Justicia Medioambiental en el condado de Warren, Carolina del Norte, tras la decisión de ubicar un vertedero de PCB (o bifenilos policlorados) en la zona. La definición fue acuñada por primera vez por el reverendo Benjamin F. Chavis, director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, uno de los primeros organismos de derechos civiles de EEUU. Para Chavis, el racismo medioambiental es la desigualdad en las políticas medioambientales. Es la ubicación deliberada de industrias perjudiciales en zonas con comunidades negras o marginadas. Es la exclusión de estos sectores de la población de los organismos reguladores ecológicos y de los consejos de toma de decisiones.
A partir de las revueltas ejemplares del Movimiento por la Justicia Medioambiental, ha surgido una toma de conciencia que ahora también se refleja en una creciente sensibilidad a nivel de los organismos institucionales supranacionales, por ejemplo, la Recomendación CM/Rec(2022)20 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente o el Informe A/HRC/49/53 de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
Desigualdades medioambientales y desfuturización
Según muchos estudios, las desigualdades medioambientales subyacen a jerarquías de valores según las cuales se considera que algunas personas merecen menos que otras vivir en un medio ambiente sano. Hablamos de poblaciones obligadas a pagar enormes costes en términos de movilidad social y calidad de vida en nombre del beneficio. Este ha sido el caso del pueblo ogoni en el delta del Níger, que durante décadas ha sido testigo del empobrecimiento y la destrucción de sus tierras y del aumento de las tasas de mortalidad y enfermedades entre la población autóctona. Un destino similar corrieron los habitantes de Somkhele, en la provincia sudafricana de Kwa-Zulu, tras la adjudicación de la mina de carbón de Tendele en 2007.
En Brasil, la multinacional VALE tiene en marcha varios proyectos mineros, el principal de los cuales es Carajás Serra Sul, en la Selva Nacional de Carajás (Pará). En el territorio de Xikrin do Cateté, hay catorce plantas de VALE con impactos muy elevados sobre los ecosistemas naturales y las comunidades locales.
Aquí, entre otras personas en situación de riesgo, las mujeres son especialmente explotadas y subordinadas. Esta condición, según un estudio reciente, es muy común en el caso de varios megaproyectos en América Latina.
La Articulación Internacional de Afectados por Vale (AIAAV) es una red de solidaridad que, desde 2009, reúne a diferentes organizaciones de todo el mundo contra los impactos socioecológicos de las empresas multinacionales.
Para comprender mejor estas estrategias de dominación económica sobre el hábitat humano y la naturaleza, parece útil referirse al concepto de defuturación introducido por el filósofo Tony Fry. Según el estudioso, desfuturar significa eliminar el futuro de la superficie de representación del presente. Significa eliminar de la imaginación pública las consecuencias que algún día podrían derivarse de prácticas social y ecológicamente insostenibles. Sin embargo, nos dice Fry, aunque las acciones del presente queden eclipsadas por el poder político y económico, los efectos de la colonización sobre el futuro de las poblaciones son ya un hecho. Conocer la dirección a la que conducen nuestras acciones y los límites más allá de los cuales los humanos no deben ir es importante para ser conscientes de lo que tenemos el poder de destruir y de lo que tenemos la capacidad de crear.
Un caso de racismo medioambiental
«Ganó la voluntad de los ciudadanos de Trieste. Nunca hemos visto un cielo así en Servola». Con estas declaraciones, el entonces ministro de Desarrollo Económico Stefano Patuanelli comentaba el cierre de la zona caliente de la planta siderúrgica de Trieste, era el 9 de abril de 2020. No era la primera vez que el Estado italiano intervenía para proteger a las poblaciones del norte de Italia afectadas por los efectos de la contaminación industrial. Ya en 2005, un acuerdo entre el grupo Riva y las instituciones había sancionado el cierre de la zona caliente de ILVA en Cornigliano, por haber sido declarada incompatible con la vida humana. Tras esta ruidosa decisión, la producción caliente de Génova se trasladó, en su totalidad, a Taranto. Taranto, como es bien sabido, alberga la mayor acería de Europa. Que el caso del ex ILVA en Taranto debe considerarse racismo medioambiental puede leerse en las 3.700 páginas que componen los fundamentos de la sentencia de Ambiente Svenduto. Según el tribunal de Taranto, la gestión de la planta siderúrgica es muy similar a los casos de racismo medioambiental de los que habló en su momento el reverendo Chavis. Taranto, al igual que las zonas de África, fue identificada como un lugar prescindible, una zona económicamente atrasada en la que podía instalarse una planta con un impacto contaminante muy elevado. El traslado de la producción de Génova a Taranto muestra claramente cómo la vida de un ciudadano del norte es más importante para el Estado italiano que la vida de un habitante del sur de Italia.
