Las condiciones laborales inadecuadas agravan los problemas de salud mental o bien aumentan la probabilidad de desarrollarlos, fenómeno especialmente presente entre jóvenes y colectivos vulnerables.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo define el trabajo precario como aquel empleo “no estándar, atípico o alternativo que se caracteriza por su baja remuneración, inseguridad y falta de protección, lo que lo hace incapaz de sostener un hogar”. Además, señala que este tipo de trabajo suele estar vinculado a modalidades como el empleo a tiempo parcial, el trabajo estacional y ocasional, el autoempleo, los contratos de duración determinada, el trabajo temporal, el empleo bajo demanda, el trabajo desde casa y el empleo a través de agencias. Ahora bien, en España, tener un empleo permanente o indefinido no conlleva necesariamente tener estabilidad. Así lo data el informe “La situación de la salud mental en España”, elaborado por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Fundación Mutua Madrileña: “aunque la precariedad laboral suele asociarse a empleos con condiciones específicas y contratos temporales o a tiempo parcial, también puede darse en modalidades de contratación más estables, como los contratos indefinidos y a jornada completa”. Algunas de las cuestiones a las que alude son las condiciones laborales sensibles y la falta de regulación adecuada, como por el incumplimiento de las normativas vigentes.
El costo emocional de la precariedad
Los salarios, las condiciones de trabajo, los descansos, la irregularidad de los horarios y las dificultades para conciliar la vida personal y laboral son factores clave que no solo contribuyen a la precariedad, sino que también impactan directamente en la salud mental de los trabajadores. Estas condiciones afectan aspectos esenciales como la estabilidad económica, el bienestar general y la salud. Además, están estrechamente ligadas a riesgos psicosociales, como la inseguridad laboral, la sobrecarga de trabajo, los ritmos y la organización del empleo, y el control sobre las tareas y el desarrollo profesional. Todo esto dilapida cualquier posible equilibrio entre la vida personal y laboral, la precariedad laboral y la salud mental son cuestiones interrelacionadas: según la Encuesta Europea de Salud en España (2020), a mayor precariedad en el empleo, mayor es el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como la depresión. Entre la población activa se registraron 511.000 casos de depresión, de los cuales 170.000 podrían haberse evitado si esas personas hubieran tenido empleos más estables, según el Informe «Precariedad Laboral y Salud Mental» (PRESME).
Más vulnerabilidad para los vulnerables
El informe destaca que la precariedad laboral afecta especialmente a jóvenes, migrantes y mujeres. Durante años se creyó que obtener una educación superior era sinónimo de estabilidad laboral, pero esa idea resultó ser una quimera. Así indica el PRESME, y es que el porcentaje de trabajadores precarios con estudios primarios ha disminuido —del 14,9% en 2007 al 5,8% en 2022—, pero la cifra de empleados con estudios secundarios y superiores en situación de precariedad ha aumentado considerablemente, pasando del 54,4% al 66,7%.
La precariedad en el empleo está estrechamente relacionada con la precariedad social, que abarca dificultades económicas y problemas de acceso a la vivienda. Esta situación se agrava aún más por la discriminación en el entorno laboral, tanto al buscar como al mantener un empleo, afectando especialmente a los colectivos vulnerables, como el LGTBIQ+. Más de la mitad de las personas trans (54%) ha sido víctima de acoso o discriminación laboral por su identidad de género. Además, un 37% de las personas trans encuestadas ha sufrido discriminación al buscar empleo, mientras que el 27% la ha experimentado en su lugar de trabajo. Las circunstancias sociales, como el género, la edad, la racialización o la situación migratoria, contribuyen a una discriminación añadida que impacta negativamente en la salud y bienestar de estas personas. Los jóvenes, desempleados o quienes pertenecen a sectores socioeconómicos bajos son los más desprotegidos ante estos abusos, lo que los hace más propensos a desarrollar problemas de salud mental.
El panorama salarial para los jóvenes tampoco es alentador, y el ahogo económico no es buen amigo del bienestar. Según el INE, el salario medio bruto para menores de 25 años en 2022 fue de 1.315,4 euros, mientras que para aquellos entre 25 y 34 años ascendió a 1.850,5 euros. Ante este escenario, muchas familias han tenido que apoyar económicamente a sus hijos, que se ven condenados a la dependencia para subsistir —aparte de a tener un entorno con una economía mínimamente estable—. Un estudio de la Fundación BBVA muestra que el 37% de los padres mayores de 60 años ha ayudado a sus hijos con gastos cotidianos como la compra o las facturas del hogar, y un 51% les ha prestado asistencia para que puedan independizarse. Además, un 18% de estos progenitores también ha apoyado económicamente a sus sobrinos.
