Los jóvenes europeos se enfrentan a una crisis inmobiliaria cada vez más grave que amenaza su autonomía, su seguridad y sus perspectivas de futuro. El aumento generalizado de los precios de los inmuebles y la escasez de viviendas disponibles para alquilar, fenómenos agravados por la gentrificación, a los que se suma la creciente inestabilidad económica, hacen cada vez más difícil que las nuevas generaciones encuentren una vivienda digna. Si no se aborda con determinación, este problema puede poner en peligro la cohesión social, la natalidad y el desarrollo sostenible del continente.
En los últimos años, los costes de la vivienda en Europa han experimentado un aumento significativo. Entre 2015 y 2023, los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron una media del 48 %. Este aumento ha afectado especialmente a los jóvenes, que a menudo se encuentran en situaciones laborales precarias o con ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos de vivienda. La falta de viviendas asequibles obliga a muchos a permanecer en la casa de sus padres o a vivir en condiciones de hacinamiento e inseguridad.
Iniciativas europeas para hacer frente a la emergencia
Ante esta emergencia, la UE ha puesto en marcha varias iniciativas para hacer frente a la crisis de la vivienda. En 2025, la Comisión Europea creó un nuevo grupo de trabajo dedicado a la vivienda, con el objetivo de desarrollar y aplicar un plan europeo para la vivienda asequible . Este grupo de trabajo, bajo la dirección del comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, tiene por objeto coordinar las políticas europeas para desbloquear la inversión pública y privada en favor de una vivienda sostenible y asequible.
Paralelamente, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha anunciado un plan de acción para apoyar la construcción de viviendas, con una inversión prevista de unos 10.000 millones de euros en los próximos dos años. Este plan prevé la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación del parque inmobiliario existente y la aplicación de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con un total de 1,5 millones de viviendas afectadas.
Recomendaciones para un plan verdaderamente inclusivo
La FEANTSA, la red europea de organizaciones que se ocupan de las personas sin hogar, ha acogido con satisfacción el compromiso de la Comisión, pero insta a no descuidar a los grupos más vulnerables. El concepto de «accesibilidad» es a menudo vago, y se corre el riesgo de que las nuevas políticas solo beneficien a los grupos medios, dejando excluidas a las personas en situación de pobreza extrema.
Según la FEANTSA, hay más de 1,3 millones de personas sin hogar en Europa, de las cuales 400.000 son niños. Las políticas de vivienda accesible, sostiene el informe, deben responder prioritariamente a las necesidades de quienes están excluidos del mercado, actuando tanto como instrumento preventivo como solución estable al problema de las personas sin hogar.
En su informe, la FEANTSA estima un déficit anual de 57.000 millones de euros en inversión pública en vivienda asequible en la UE y propone 13 recomendaciones a la Comisión Europea. Entre ellas:
- Dar prioridad a proyectos no especulativos, públicos y cooperativos.
- Apoyar programas probados como Housing First.
- Abordar el problema de los alquileres a corto plazo y el uso ineficiente del patrimonio inmobiliario.
- Excluir el gasto en vivienda social del cálculo del déficit público.
Por último, el informe expresa dudas sobre la excesiva confianza en el capital privado: el objetivo de garantizar altos rendimientos a los inversores corre el riesgo de entrar en conflicto con la urgencia de ofrecer viviendas a las personas con bajos ingresos.
Un reto estratégico para Europa
La crisis de la vivienda representa un obstáculo cada vez más importante para el crecimiento y la cohesión social de Europa. Las iniciativas conjuntas de la Comisión Europea y el BEI pretenden invertir esta tendencia, pero su eficacia dependerá de la capacidad de incluir a todos, empezando por los más desfavorecidos. Se trata de un reto complejo y urgente. Afrontarlo requiere un compromiso conjunto de las instituciones europeas, los gobiernos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Solo mediante políticas específicas, inversiones adecuadas y un enfoque inclusivo será posible garantizar a todos los jóvenes europeos el derecho fundamental a una vivienda segura y asequible.
