La crisis climática del siglo XXI afecta a las poblaciones de manera desigual, y las comunidades pobres y racialmente discriminadas sufren impactos desproporcionados, caracterizados como racismo medioambiental. Este fenómeno exacerba las desigualdades, poniendo de relieve la necesidad de políticas inclusivas e interseccionales para promover la justicia climática.
La crisis climática es uno de los mayores retos del siglo XXI y afecta a todas las naciones y poblaciones de distintas maneras. Sin embargo, sus impactos no se distribuyen uniformemente: algunas comunidades se enfrentan a una carga desproporcionada de efectos negativos.
Las comunidades pobres y racialmente discriminadas se ven doblemente desfavorecidas, pues sufren con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático. Este fenómeno se describe a menudo como «racismo medioambiental».
El término «racismo medioambiental» fue acuñado por el Dr. Benjamin Franklin Chavis Jr. en la década de 1980, quien observó que la población negra estadounidense vivía en entornos inhóspitos y se veía desproporcionadamente afectada por políticas y prácticas medioambientales perjudiciales.
El racismo medioambiental es un término que describe cómo las poblaciones más pobres y marginadas se ven más afectadas por impactos medioambientales negativos como la polución, la contaminación y las catástrofes naturales.
De este modo, se refiere a esta distribución desigual de los impactos negativos de la degradación medioambiental. Estas comunidades, normalmente formadas por población negra y latina, se enfrentan a mayores riesgos para la salud, pierden el acceso a la electricidad y la calefacción y tienen dificultades para recuperarse económicamente tras fenómenos meteorológicos extremos.
Lo que ocurre en la práctica es que la crisis climática exacerba las desigualdades existentes en la sociedad, a menudo moldeadas por el racismo.
Estas poblaciones, a menudo con menos poder político y económico, viven en zonas de alto riesgo, como barrios marginales en laderas propensas a desprendimientos. Esta situación es el resultado no sólo de la geografía, sino también de políticas históricas de segregación y “redlining”. Estas políticas han dirigido a las comunidades hacia zonas menos deseables y más peligrosas, como zonas industriales, periferias urbanas y áreas con infraestructuras deficientes, aumentando su vulnerabilidad a los desastres naturales.
Otro aspecto relevante es que estas comunidades se enfrentan a una mayor carga de contaminantes ambientales. Las zonas habitadas por minorías raciales y personas con bajos ingresos suelen tener mayores concentraciones de polución atmosférica, contaminación del agua y residuos tóxicos.
Por ejemplo, en muchos lugares, las centrales eléctricas, las fábricas y los vertederos están situados cerca de estas comunidades, lo que aumenta su exposición a contaminantes nocivos. La exposición prolongada a estos contaminantes puede provocar graves problemas de salud, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares y cáncer. Estos problemas de salud se ven agravados por los efectos del cambio climático, como las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos, que afectan de forma desproporcionada a estas poblaciones.
La discriminación racial también se manifiesta en el acceso desigual a recursos esenciales para adaptarse y mitigar los efectos del clima. Recursos como la financiación, los seguros, las infraestructuras resilientes y las ayudas gubernamentales se distribuyen a menudo de forma desigual, favoreciendo a las poblaciones más privilegiadas en detrimento de las comunidades marginadas.
Por ejemplo, en situaciones de catástrofe natural, las comunidades de minorías raciales se enfrentan a menudo a obstáculos para acceder a la ayuda de emergencia y a los programas de reconstrucción. Además, la falta de inversión en infraestructuras resilientes en las zonas marginadas deja a estas comunidades más vulnerables a los impactos de la crisis climática, perpetuando un ciclo de desigualdad y vulnerabilidad.
En el contexto internacional, el racismo medioambiental también se manifiesta en las relaciones desiguales entre el Norte y el Sur Global, fruto del colonialismo y la explotación imperialista. En los países latinoamericanos, por ejemplo, las consecuencias de la carrera imperialista y de la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra afectan de forma desproporcionada a las poblaciones marginadas.
Movimiento por la justicia medioambiental y las políticas inclusivas:
A escala mundial, la justicia climática y la justicia racial son cuestiones interconectadas. Las naciones que menos contribuyen a la crisis climática son las más afectadas y, dentro de los países en desarrollo, las desigualdades raciales y sociales también determinan quién sufre más.
La lucha contra el racismo medioambiental hace hincapié en la necesidad de una participación igualitaria de las comunidades marginadas en la toma de decisiones medioambientales. Por lo tanto, el desarrollo de políticas de adaptación y mitigación que tengan en cuenta las necesidades específicas es crucial para afrontar de forma equitativa los retos que plantea la emergencia climática. Estas políticas deben incluir diversos enfoques integrados que sean sensibles a las particularidades de cada comunidad.
Un aspecto clave es la inversión en la mejora de las infraestructuras, ya que muchas de estas zonas adolecen de la falta de sistemas de drenaje eficientes, que aumentan el riesgo de inundaciones, y de la ausencia de espacios verdes, que podrían mitigar los efectos de las olas de calor. Invertir en la actualización y el mantenimiento de estas infraestructuras no sólo reduciría los riesgos asociados a las catástrofes climáticas, sino que también mejoraría la calidad de vida cotidiana de las poblaciones locales.
Además, es esencial garantizar que el acceso a la financiación y a los seguros sea equitativo. Las instituciones financieras y las compañías de seguros deben estar reguladas para evitar la discriminación por motivos de raza o ingresos. Facilitar el acceso a estos recursos es vital para que todas las comunidades puedan prepararse adecuadamente para futuros fenómenos climáticos y reconstruirse tras las catástrofes.
Como ya se ha mencionado, la participación de las comunidades debe ser un pilar central en la planificación y aplicación de las políticas climáticas. Implicar activamente a las comunidades marginadas en las decisiones que afectan a su futuro garantiza que sus voces sean escuchadas y que se atiendan sus necesidades específicas.
Los procesos participativos, como las consultas públicas, los foros comunitarios y los comités de planificación local, son esenciales para desarrollar soluciones que sean realmente integradoras y eficaces.
Estos enfoques interconectados promueven una respuesta al cambio climático más justa y responsable con el medio ambiente, reconociendo y corrigiendo las desigualdades históricas que han exacerbado la vulnerabilidad de las comunidades marginadas.
El Global Centre for Climate Justice es un gran ejemplo de lucha por la justicia climática, ya que promueve políticas transformadoras y aborda las causas profundas de la crisis climática y las injusticias sociales.
Centrado en la educación popular, la investigación original, el networking con movimientos, la consultoría y la divulgación, el Centro adopta un enfoque interseccional para analizar los vínculos entre la explotación de clase, el racismo sistémico, la opresión de género y la dominación política. El Centro hace hincapié en la necesidad de soluciones liberadoras y prácticas, ya que sostiene que es responsabilidad de la generación actual imaginar y crear un futuro mejor.
En resumen, la lucha por la justicia medioambiental es esencial para abordar la crisis climática de forma equitativa e integradora. El racismo medioambiental perpetúa las desigualdades que agravan los impactos del cambio climático en las comunidades marginadas. Por lo tanto, es imperativo que las políticas de adaptación y mitigación tengan en cuenta las necesidades específicas de estas comunidades, centrándose en la mejora de las infraestructuras, garantizando un acceso equitativo a la financiación y los seguros, y promoviendo la participación activa de las poblaciones afectadas.
Actividades complementarias.
1 – Ver la película «There’s Something in the Water ( Hay algo en el agua )» (2019) – Dirigida por Ian Daniel, Elliot Page.
2 – Leer el libro » Toxic Communities: Environmental Racism, Industrial Pollution, and Residential Mobility ( Comunidades tóxicas: racismo medioambiental, contaminación industrial y movilidad residencial )» (2014) de Dorceta Taylor.
