Manifestación histórica por el derecho a la vivienda en Barcelona. “No es sólo el alquiler: nos están echando de nuestras ciudades”
Barcelona ha vuelto a ser el escenario de una manifestación multitudinaria que tomó las calles del centro de la ciudad para exigir algo tan básico como una vivienda digna. Convocada por el Sindicato de Inquilinas, la protesta reunió a 22.000 personas según la Guardia Urbana y 170.000 según la organización, que cargaron contra la especulación inmobiliaria y los desorbitados precios de los alquileres, problemas que, lejos de resolverse, se agravan cada año.
La marcha comenzó en la plaza Universidad, donde desde primera hora se respiraba un ambiente de indignación y hartazgo acumulados, pero también de fuerza colectiva. Bajo lemas como “¡Ya basta! Bajemos los alquileres” o “La vivienda es un derecho, no un privilegio”, la multitud avanzó por las principales calles de la ciudad, haciendo una parada frente a la Casa Orsola, un edificio que se ha convertido en un símbolo de resistencia vecinal contra los fondos buitre. La marcha, respaldada por más de 4.000 entidades, reflejaba la transversalidad de un problema que afecta a todas las capas sociales. Desde sindicatos como CCOO y UGT hasta asociaciones vecinales, feministas y culturales como Òmnium Cultural, la protesta fue una muestra de cómo el conflicto habitacional está estrechamente ligado a otras luchas por los derechos básicos.
Estas reivindicaciones en Barcelona se enmarcan dentro de un movimiento estatal que ha ido ganando fuerza en los últimos meses. Hace solo unas semanas, el 13 de octubre, Madrid vivió una de las movilizaciones más masivas por la vivienda de los últimos años. Paralelamente, en Canarias, el 20 de abril, también tuvo lugar una manifestación bajo el lema “Canarias tiene un límite”, donde se puso de manifiesto la conexión entre la crisis de la vivienda y la masificación turística. Estas movilizaciones en todo el Estado reflejan un malestar creciente ante un problema estructural que, al igual que en Cataluña, afecta sobre todo a los jóvenes y a las personas con rentas más bajas, convirtiendo la vivienda en un foco central de la lucha social.
Entre las principales demandas destaca la necesidad urgente de reducir el precio de los alquileres, ya que actualmente muchas familias se ven obligadas a destinar más de la mitad de sus ingresos al pago de la renta. También se reclama el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos para garantizar la estabilidad residencial y la reconversión de viviendas vacías y apartamentos turísticos en viviendas accesibles para la ciudadanía.
Estas demandas tienen una base sólida en los datos. Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el 44,3% de los jóvenes catalanes consideran que el acceso a la vivienda es su principal problema. Esta cifra evidencia una crisis estructural que afecta especialmente a las nuevas generaciones, que a menudo se ven condenadas a vivir en pisos compartidos o a depender de sus familias ante la falta de alternativas. Pero el mensaje de la manifestación iba más allá de las cifras y los datos. “No es solo que los precios sean abusivos, es que nos están echando de nuestras ciudades, de nuestras vidas”, denunciaba una de las portavoces, mientras las asistentes coreaban “¡Ni casas sin gente, ni gente sin casa!”.
Entre las manifestantes había personas con historias que reflejaban la urgencia de estas demandas. “Tengo cuarenta y cinco años y llevo toda la vida viviendo en el barrio de Sant Andreu. Ahora me quieren echar para hacer alquileres de temporada. ¿Dónde se supone que tengo que ir?”, se preguntaba Marta, una vecina afectada por un proceso de gentrificación.
En la misma línea, Carlos, un joven de veintisiete años que comparte piso con tres amigos en condiciones precarias, añadía: “Hace años que quiero emanciparme de verdad, pero no puedo pagar un alquiler yo solo. Vivimos en una ciudad donde nos venden éxito, pero no nos dejan vivir dignamente”.
Para Núria, madre de dos hijos y trabajadora del sector de la hostelería, la situación es insostenible: “Gano mil doscientos euros al mes y pago novecientos de alquiler. ¿Cómo se supone que tengo que alimentar a mis hijos? No pedimos lujos, pedimos justicia”.
También había jóvenes que asistían por solidaridad, como Júlia, una estudiante de Historia que acudía a su primera manifestación por la vivienda: “Mi generación sabe que nunca podremos comprar una casa, pero ni siquiera nos dejan alquilar una sin hipotecarnos la vida. Esto tiene que cambiar”.
Más allá de las cifras de asistencia o los titulares de prensa, quedó claro que la lucha por una vivienda digna no se detendrá. Porque, como repetían las pancartas en la marcha, “La vivienda no es un lujo: es un derecho”. Y frente a quienes ven las casas como una inversión, cada vez más personas lo ven incompatible con lo que realmente debería ser: el pilar fundamental sobre el que construir —y habitar— la propia vida.
