En España, diferentes casos han sacudido las conciencias de los ciudadanos posicionándose a favor, o en contra, de la eutanasia. Como ha ocurrido también con otros países y sociedades, donde se ha acabado regulando y legalizando la eutanasia. El primer caso con mayor relevancia pública fue el de Ramón Sampedro, el marinero gallego, con tetraplejia desde los 25 años, que murió el 12 de enero de 1998 asistido por una amiga, Ramona Maneiro, después de 30 años postrado en la cama y pedir infructuosamente el suicidio asistido, ya que él estaba incapacitado y quería poner fin a su vida para acabar con su sufrimiento.
Ramona Maneiro fue detenida, pero no fue juzgada por falta de pruebas. Siete años después, cuando el delito había prescrito, Maneiro admitió haber facilitado a Ramón el veneno que le causó la muerte y haber grabado el vídeo donde éste pronunció sus últimas palabras. El caso de Ramón Sampedro, también escritor y poeta, fue el primero en que un ciudadano pidió públicamente a España el suicidio asistido, delito vigente en el Código Penal y que establece penas de prisión de hasta diez años.
Precisamente la propuesta de ley socialista de la eutanasia pretende despenalizar las acciones de las personas, sean profesionales de la sanidad o familiares, que ayuden al enfermo terminal a morir.
El caso de Sampedro tuvo mucha trascendencia por la intensa actividad que desarrolló a favor de la eutanasia, tanto judicialmente como a través de los medios de comunicación. Y, aun se amplificó más con la película Mar adentro, del director Alejandro Amenábar basada en la historia real de Ramón Sampedro.
El médico Marcos Hourmann fue el primer y único condenado por eutanasia en España. Fue denunciado por compañeros suyos del hospital de Mora de Ebro, cuando en 2005 asistió a una mujer de 82 años enferma terminal de cáncer de colon, con hemorragias internas y un infarto de miocardio. La mujer y su hija le pidieron ayuda. Tras intentar salvarla y cuando el estado de la paciente aún se complicó más y para evitarle más sufrimiento, el doctor Hourmann le inyectó cloruro potásico, lo que hizo constar en el informe de defunción y que sirvió al hospital para denunciarlo.
Otro icono de la lucha por la despenalización de la eutanasia fue el doctor Luis Montes, que fue el responsable de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés y presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Montes fue acusado por el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid de aplicar la eutanasia a 400 pacientes, mediante sedaciones irregulares. La acusación se demostró falsas y Montes fue absuelto. En cambio, el ex portavoz del gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, fue condenado a 30.000 euros de indemnización por injuriar al Doctor Montes por haberle dicho «nazi» cuando ya se había demostrado que no hubo prácticas irregulares de sedación.
Otros casos que también generaron polémica, pero que no tuvieron tanta difusión mediática fueron los de Inmaculada Echevarría, Andrea Lago y José Antonio Arrabal.
El caso Echeverria hace referencia a una mujer de 51 años con distrofia muscular, que consiguió una resolución favorable del Comité Ético de la Junta de Andalucía, donde se reconocía el derecho a limitar la terapia improductiva pero no al suicidio asistido o la eutanasia. El caso llevó a la aprobación de la Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de la muerte. Siendo Andalucía la primera comunidad autónoma en legislar sobre el derecho a la muerte digna.
El caso Lago es el de una niña de 12 años con una grave enfermedad degenerativa que le causaba crueles dolores. Este sufrimiento extremo llevó a sus padres a pedir que le fuera retirada la sonda que la mantenía con vida. Los médicos primero se negaron, pero acabaron retirándola después de que el caso llegara a un juzgado, y éste dictaminara a favor de los padres.
El caso Arrabal: un electricista que, después de dos años con una mínima movilidad que le causaba la enfermedad degenerativa ELA, emprendió una luchar por el derecho a morir dignamente. En 2017 grabó su suicidio con vídeo. Dejó a su lado el DNI, la historia clínica, el testamento, una carta al juez y una nota con el mensaje «no reanimación».
El último caso con gran proyección mediática ha sido el de Ángel Hernández, presente en el hemiciclo en el momento de aprobarse la vía libre a la tramitación parlamentaria de la eutanasia. Ángel Hernández, el 3 de abril de 2019, le dio a beber pentotal sódico a su mujer, María José Carrasco, de 61 años, que padecía esclerosis múltiple desde hacía 20 años y que hacía mucho tiempo que le pedía que la ayudara a morir. Hernández se inculpó y difundió un vídeo que marcó un hito en la lucha por el derecho a la eutanasia.
Entre el caso de Ramón Sampedro y el de María José Carrasco han pasado 21 años. Dos decenios de debates y de avances sociales.
