“Las mujeres palestinas refugiadas que viven en el Líbano suelen tener un papel de cuidadoras de la familia y de la sociedad, y a menudo no se las tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones o de participar en la vida política”, denuncia Amal Ghozlan, coordinadora de derechos de las mujeres y las niñas de la ONG Najdeh. “El gran problema recae en la violencia basada en el género (VBG). La violencia aumenta año tras año, sobre todo en los últimos tres años, quizás porque las mujeres denuncian más casos o quizás porque la violencia está creciendo”.
Esta asociación feminista puso en marcha en 1997 un programa para luchar contra la VBG y, según su experiencia, la crisis económica juega en su contra. “Desde hace tiempo, la mujer sufre violencia y discriminación. La situación económica actual hace que la mujer esté más en casa, y ahora hay más violencia entre hombres y mujeres. Las familias no pueden sostenerse como antes, ella pide dinero para comprar comida, pero este dinero no es suficiente, y a veces no pueden comprar medicinas porque no están en el mercado, o no hay leche infantil. Aunque tengan dinero, existe este gran problema, que la gente tiene que ir a muchas farmacias para buscar lo que necesita o hasta el mercado negro. Mucha gente no se lo puede permitir porque no trabaja, a veces los precios se duplican y muchas mujeres mayores están sufriendo mucho. Esta es una situación generalizada en el Líbano”.
La misma condición de refugiada supone un sufrimiento añadido porque no se garantizan sus derechos. “Las mujeres palestinas están afectadas por los estatutos personales en el Líbano. Son leyes muy anticuadas, muy antiguas, especialmente las leyes de los asuntos familiares. Cuando hay enmiendas para cambiar estas leyes, pueden hacer referencia a uno o dos artículos, pero no a toda la ley. No es suficiente porque, en conjunto, los derechos de las mujeres palestinas no están garantizados y no tienen leyes para luchar contra la violencia doméstica”.
Si bien las mujeres palestinas que sufren violencia pueden obtener una variedad de órdenes de protección emitidas por los tribunales libaneses, a la práctica, las autoridades libanesas tienen un control limitado dentro de los campos y esto hace que sea imposible asegurar que estas órdenes se cumplan: “Las mujeres tienen derecho a tener protección, pero como son refugiadas, no pueden disfrutar de este derecho porque tendrían que llamar a las autoridades libanesas, que no pueden operar en el campo: por norma, si una mujer llama porque tiene un problema de violencia, las fuerzas de seguridad libanesas no pueden entrar al campo; de forma que ellas no se benefician de su derecho”.
Cuando la asociación Najdeh tiene constancia de un caso de VBG, en primer lugar, mide el nivel de riesgo. “Si el riesgo es muy alto, la chica puede ser derivada a otro lugar. Si no hay un riesgo muy alto, se hace más un trabajo de comunicación entre las dos personas, el hombre y la mujer. Al final, es una decisión de la mujer”.
Trabajadoras sociales y psiquiatras trabajan en red entre ellas, así como con entidades especializadas y con instituciones del sector. A veces, las mujeres que se acercan a Najdeh piden consejo personal o asesoramiento legal. Se evalúa cada caso y, en función de las necesidades, se ofrecen respuestas personalizadas. En una ocasión, una mujer que era maltratada por el marido y también por los padres, que querían que continuara casada, pidió protección. Ella tenía miedo de ser asesinada y se activó un protocolo para alejarla de su casa porque se trataba de un nivel de riesgo muy alto.
Según un estudio de Najdeh realizado durante la Covid, el 40% de las VBG se contabilizaban fuera de los campos y el 60% en el interior de los campamentos. Se están reforzando campañas de información y de prevención sobre acoso sexual que están topando con la oposición de algunas personas muy religiosas, y se hacen sesiones de concienciación para mujeres para que conozcan cuáles son sus derechos y que hay algunos programas de emergencia a los que pueden pedir ayuda.
“Tratamos diferentes temas, como los derechos de las mujeres, la personalidad, la violencia y la discriminación por parte de vecindario, padres o grupos del campo. Uno de los retos es que la mujer tome conciencia de sus derechos porque, a menudo, cuando trabajamos en un caso, la mujer no tiene la motivación o el comportamiento para cambiar. A veces, la mujer es su propia enemiga, y esto no resuelve nada. Por eso necesitamos ayuda psicológica, porque a veces la violencia aumenta y no hay apoyo de las familias. No tienen esperanzas”.
En un terreno más económico, la entidad se centra en la formación profesional de las mujeres en proyectos como talleres textiles, pese a las limitaciones de las palestinas para acceder al mercado de trabajo en el Líbano. Durante la pandemia de la Covid-19, hubo déficit en el personal de enfermería y sí que ocasionalmente contrataron a palestinas, aunque no tenían los mismos derechos ni los mismos sueldos que las compañeras libanesas. La estrategia es no solo trabajar en proyectos productivos sino en el concepto de liderazgo y distribución del trabajo.
Nadine Alkhateeb, responsable de relaciones exteriores de Najdeh, destaca que “hasta 2020, teníamos un proyecto de microcréditos para ayudar en la puesta en marcha de incipientes negocios, pero este proyecto se tuvo que parar a causa de la crisis porque las beneficiarias no podían volver los préstamos. La crisis ha hecho revisar las estrategias para adaptar nuestros cursos y fortalecer el liderazgo de las chicas, por ejemplo, a través de comités de mujeres en los campos”.
Así, el programa de empoderamiento económico y social tiene como objetivo mejorar las oportunidades de mujeres y niñas para que sean autosuficientes, para lo cual proporcionan formación, orientación profesional y búsqueda de trabajo. “La prioridad es paliar las difíciles condiciones económicas y sociales a las cuales se enfrentan las refugiadas palestinas en el Líbano”, argumenta Nadine Alkhateeb. “La crisis económica y la Covid-19 han hecho aumentar los precios de forma desorbitada, mientras que los salarios no han crecido. Esto afecta a los ingresos de las familias en todo el Líbano. Hay empresas que no lo han podido soportar y han despedido a muchas personas, engrosando las cifras de paro. Esto, en los campos palestinos ha hecho aumentar la pobreza y hay familias que subsisten con una comida en el día, cosa que afecta psicológicamente a los padres, las madres, los niños y las niñas, que también tienen dificultades para trasladarse por el encarecimiento del transporte”.
Los talleres de orientación profesional se diseñan en función de las necesidades del mercado laboral y de las habilidades de las beneficiarias y sus familias, para que, como mínimo, un 40% encuentren trabajo cada año. “Entre los proyectos que hacemos hay uno de fotografía que ha tenido bastante éxito en cuanto a asistencia y, posteriormente, a encontrar trabajo como freelance. También hacemos de peluquería, administración, contabilidad y diseño gráfico. Los últimos meses se han graduado 85 personas, de las cuales 52 encontraron algún tipo de empleo”.
Adaptar la oferta y la demanda es también una de las directrices de los programas económicos, puesto que la entrada al mundo laboral es difícil, en general, y muy complicado para las refugiadas palestinas, en particular. “Al acabar el curso, se sienten tristes y frustradas porque quieren continuar con su educación e ir a la universidad, pero no se lo pueden permitir. Y seguramente tampoco trabajarían de aquello que les gusta”.
En paralelo, Najdeh participa con otras asociaciones en una campaña sobre el derecho al trabajo para mejorar la coordinación entre entidades y movilizar a más voces en defensa de los derechos laborales de las refugiadas palestinas en el Líbano, con el fin de acabar con las restricciones discriminatorias de todas las personas palestinas. La campaña quiere poner fin a la discriminación institucional y, entre otras cosas, organiza talleres, actividades de sensibilización y sesiones de información.
Texto extraído del informe ‘Sobreviure als camps de refugiades. La població palestina al Líban pateix una manca crònica de drets‘ editado por la Associació Catalana per la Pau, l’Associació Catalunya-Líban y la Fundació ACSAR.
